Las diputaciones de Cáceres y Badajoz concedieron 72,4 millones de euros en subvenciones a sus municipios durante 2023. El Tribunal de Cuentas ha detectado carencias en planificación, criterios de reparto, justificación y seguimiento, y la Comisión Mixta del Congreso y el Senado les pide ahora ordenar mejor el sistema.
Qué ha pasado
El BOE publica una resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones que las diputaciones de Cáceres y Badajoz concedieron a los municipios de sus provincias durante 2023.
No estamos ante una ayuda nueva ni ante un recorte.
Tampoco ante una fiscalización realizada ahora.
El Tribunal de Cuentas aprobó su informe en octubre de 2025 y la Comisión Mixta adoptó sus recomendaciones el 9 de junio de 2026. Lo que llega ahora al BOE es la publicación oficial de esas conclusiones y propuestas.
Y detrás hay bastante dinero.
La Diputación de Badajoz concedió 31,6 millones de euros y la de Cáceres otros 40,8 millones.
En total:
72,4 millones de euros en subvenciones a municipios.
La clave: repartir dinero sin tener suficientemente claro cómo medir el resultado
El Tribunal encontró problemas en varias fases del sistema.
Ninguna de las dos diputaciones contaba con una unidad única encargada de coordinar toda su actividad subvencional.
Los planes estratégicos presentaban además carencias que reducían su utilidad como instrumentos reales de planificación.
Y a la hora de repartir el dinero aparecieron problemas más concretos: falta de criterios suficientemente objetivos, informes de valoración que no siempre justificaban adecuadamente las decisiones y subvenciones nominativas cuya concesión necesitaba una motivación más completa.
El problema no era únicamente cómo se daba el dinero.
También qué ocurría después.
El Tribunal detectó que ninguna de las dos diputaciones había elaborado planes de actuación destinados a comprobar de forma sistemática el cumplimiento de las actuaciones subvencionadas.
Cáceres: estudiar primero qué necesitan realmente los municipios
A la Diputación de Cáceres, la Comisión le pide aprobar una regulación específica para sus distintos planes provinciales y homogeneizar su tramitación.
También plantea que la aportación económica exigida a cada ayuntamiento tenga más en cuenta su capacidad real.
No es lo mismo pedir una determinada cofinanciación a un municipio grande que a uno pequeño con muchos menos recursos.
Por eso se propone establecer más tramos de población y ajustar proporcionalmente cuánto debe aportar cada localidad.
Además, antes de aprobar nuevos planes, Cáceres deberá disponer de estudios que permitan comprobar qué necesidades existen realmente y si ya hay otras subvenciones financiando lo mismo.
La idea es bastante sencilla:
antes de repartir dinero, saber dónde hace falta y evitar pagar dos veces por necesidades similares.
Badajoz: un único sistema para seguir toda la subvención
En Badajoz el problema destacado es diferente.
La Comisión pide implantar una aplicación informática única que permita seguir una subvención desde que nace el expediente hasta que se justifica.
Y, si algo sale mal, también deberá permitir controlar reintegros y procedimientos sancionadores.
El objetivo es que la información no quede fragmentada entre diferentes herramientas y departamentos.
Además, las bases de las convocatorias deberán definir mejor los criterios utilizados para valorar solicitudes y reducir los márgenes de discrecionalidad.
Porque si dos municipios compiten por dinero público, ambos deberían poder saber qué se puntúa, cuánto vale y por qué uno termina recibiendo la ayuda y otro no.
Las dos diputaciones reciben deberes comunes
La Comisión reclama a Cáceres y Badajoz criterios objetivos que tengan en cuenta la verdadera capacidad económica y de gestión de los municipios.
También les pide justificar mejor las subvenciones nominativas y directas, centralizar o coordinar su gestión y realizar estudios previos sobre las necesidades económicas y de servicios de los pueblos.
Los planes estratégicos de subvenciones deberían además tener una vigencia de tres años, con objetivos, costes, financiación y mecanismos de revisión definidos.
Y los informes técnicos deberían dejar claro algo tan básico como:
qué se solicitó, qué se aceptó, qué se rechazó, qué puntuación obtuvo cada proyecto y cómo se llegó finalmente al importe concedido.
El problema está especialmente en los pueblos pequeños
El papel de las diputaciones no es secundario.
Buena parte de estas ayudas financia inversiones y servicios de municipios que tienen mucha menos capacidad económica y administrativa que una gran ciudad.
Precisamente por eso, el Tribunal insiste en que la población no sea el único criterio para repartir fondos.
También deberían entrar en la ecuación el coste real de prestar servicios y la capacidad financiera de cada ayuntamiento.
La finalidad es que el sistema ayude especialmente a quienes tienen menos recursos, pero utilizando criterios que permitan explicar después por qué cada municipio recibe lo que recibe.
Una recomendación de la Comisión que no procede del informe
La resolución contiene además un punto que conviene separar claramente de las conclusiones del Tribunal de Cuentas.
La Comisión Mixta insta a las entidades fiscalizadas a suprimir subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con entidades que participen en determinadas actuaciones relacionadas con inmigración irregular y tráfico de personas.
Esa recomendación forma parte del acuerdo parlamentario aprobado por la Comisión Mixta, pero no es una conclusión de la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones de Cáceres y Badajoz.
El informe del Tribunal se centra en planificación, reparto, tramitación, justificación y control de las ayudas.
La resolución tampoco identifica en este punto ninguna entidad concreta ni afirma que las dos diputaciones hayan financiado algún caso de esas características.
Conviene separar ambas cosas para no convertir una recomendación añadida posteriormente en un hallazgo del órgano fiscalizador.
Esto no cambia mañana las subvenciones
La resolución tampoco crea por sí sola unas nuevas bases para las ayudas provinciales.
La Comisión insta a las diputaciones a aplicar estas mejoras.
Por tanto, un ayuntamiento de Cáceres o Badajoz no tiene desde hoy nuevas condiciones automáticas para pedir una subvención por el simple hecho de que esta resolución aparezca en el BOE.
Lo que existe es un diagnóstico sobre cómo funcionaba el sistema en 2023 y una batería de recomendaciones para corregirlo.
Por qué merece contarse
Porque 72,4 millones de euros repartidos entre municipios no son precisamente calderilla administrativa.
Y porque para los pueblos pequeños una subvención provincial puede decidir si una obra, un servicio o una inversión puede hacerse o quedarse esperando otro presupuesto.
El Tribunal de Cuentas no dice que las diputaciones no ayudasen a sus municipios.
Dice algo bastante más básico:
si vas a repartir decenas de millones de dinero público, conviene poder explicar con precisión quién lo recibe, por qué lo recibe y qué ocurrió después con ese dinero.
Puedes consultar la fuente oficial aquí:
Boletín Oficial del Estado (BOE)
“Sí, esto está en el BOE de verdad.”