El Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 23/2026, que mantiene varias medidas para La Palma y permite a determinadas comunidades autónomas utilizar superávits y excesos de financiación en inversiones. En Canarias hay además una cifra concreta: hasta 100 millones de euros podrán destinarse a ayudas por los daños de la erupción.
Qué ha pasado
El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 23/2026, aprobado el 8 de septiembre y en vigor desde el día 10.
La votación no estrena ahora las medidas. Lo que hace es permitir que el decreto-ley siga vigente después de pasar por el control parlamentario obligatorio.
Y dentro hay dos historias importantes: La Palma y el uso de determinados superávits autonómicos.
La Palma: hasta 100 millones para ayudas
La cifra más potente está bastante escondida entre la letra presupuestaria.
Canarias podrá utilizar hasta 100 millones de euros de sus superávits y excesos de financiación pendientes a cierre de 2025 para financiar ayudas a personas y entidades afectadas por la erupción de La Palma.
El decreto señala como destinos preferentes compensaciones por kilos improductivos de 2024, 2025 y 2026, reconstrucción de infraestructuras agrarias destruidas, recuperación de fincas y actuaciones relacionadas con la evacuación de CO₂.
No es dinero nuevo enviado ahora desde Madrid. Es autorización para que Canarias pueda utilizar recursos propios que, con las reglas ordinarias de estabilidad, tendrían otro tratamiento.
No es barra libre para gastar el superávit
La otra pata del decreto afecta a las comunidades autónomas.
Pero conviene ponerle freno al titular fácil: no significa que cualquier comunidad pueda coger todo su superávit y gastarlo en cualquier cosa.
Por un lado, las comunidades con una deuda pública inferior al 12,4% de su PIB regional a cierre de 2025 podrán destinar determinados superávits y excesos de financiación pendientes a inversiones que se ejecuten entre 2026 y 2028.
Por otro, las comunidades que cerraron 2025 con superávit podrán utilizarlo en 2026 y 2027 para inversiones financieramente sostenibles, siempre que cumplan las condiciones fiscales previstas.
Aquí caben, por ejemplo, proyectos de eficiencia energética, actuaciones que generen ahorros futuros y vivienda social o asequible.
Lo que no cabe es convertir el superávit en una bolsa libre para gasto corriente.
La Palma tiene más medidas
El decreto tampoco se limita a esos 100 millones.
Se amplía a 2026 la deducción fiscal equivalente a la aplicada a las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla para contribuyentes con residencia habitual y efectiva en La Palma.
También se abre una nueva posibilidad para determinados agricultores afectados de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
Quienes cumplan las condiciones podrán solicitar hasta el 15 de octubre de 2026 una nueva suspensión de seis meses de pagos de principal e intereses de determinados préstamos y créditos, desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027.
Y se modifican además requisitos de la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos afectados por la erupción.
La letra pequeña
La convalidación no significa que mañana aparezcan automáticamente nuevas obras o ayudas.
Cada mecanismo tiene sus requisitos presupuestarios, contables y administrativos.
Las inversiones autonómicas deberán cumplir condiciones sobre sostenibilidad financiera, déficit y pago a proveedores. También tendrán control de las intervenciones autonómicas y seguimiento por Hacienda.
La idea, por tanto, no es simplemente “dejar gastar”.
Es permitir que determinados recursos que las reglas fiscales normalmente llevarían a reducir endeudamiento puedan utilizarse en inversiones bajo condiciones específicas.
Por qué esto importa
Porque el decreto mezcla dos problemas que parecen distintos pero tienen el dinero como punto común.
En La Palma siguen existiendo daños económicos cinco años después de la erupción y Canarias obtiene margen para movilizar hasta 100 millones de euros en ayudas.
Y en otras comunidades el problema puede ser justamente el contrario al habitual: tener superávit pero no poder convertirlo libremente en nueva inversión.
El Congreso ha decidido mantener ese mecanismo en vigor.
No es barra libre presupuestaria. Pero sí es una puerta más ancha para transformar determinados saldos contables en inversiones y, en La Palma, en ayudas con destinatarios bastante concretos.
Puedes consultar la fuente oficial aquí:
Boletín Oficial del Estado (BOE)
“Sí, esto está en el BOE de verdad.”