La promoción interna a Intervención-Tesorería, categoría superior, tiene abierto un frente judicial bastante más concreto de lo que parece. De las 21 personas que figuran como excluidas definitivamente, 20 tienen entre sus causas no acreditar dos años de servicio activo en la categoría de entrada. COSITAL ha recurrido la lista y el BOE acaba de emplazar a los interesados.
Qué ha pasado
COSITAL, el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, ha llevado a los tribunales la orden que aprobó la relación definitiva de admitidos y excluidos en la promoción interna a Intervención-Tesorería, categoría superior.
La convocatoria ofrece 246 plazas: 148 mediante prueba de aptitud y 98 mediante concurso de méritos.
El recurso se tramita ante el Tribunal Central de Instancia y ahora el BOE abre un plazo de nueve días para que quienes tengan interés en el procedimiento puedan personarse.
Pero el conflicto viene de antes.
La clave está en los dos años
La lista definitiva contiene 21 personas excluidas.
Y aquí aparece el dato que explica prácticamente todo el pleito: 20 de ellas tienen la causa E, sola o acompañada de otra.
Esa causa significa que la Administración considera que no acreditan los dos años de antigüedad de servicio activo exigidos en la categoría de entrada de Intervención-Tesorería, computados desde la publicación de su nombramiento en el BOE.
No estamos, por tanto, ante veinte errores administrativos distintos.
La inmensa mayoría de las exclusiones tropieza con el mismo requisito.
Los excluidos ya pudieron seguir provisionalmente
El recurso tampoco empieza ahora desde cero.
COSITAL informó en agosto de que el Tribunal Central de Instancia había concedido medidas cautelarísimas relacionadas con estas exclusiones.
Según el Consejo, los aspirantes apartados por no acreditar esos dos años pudieron participar provisionalmente en las pruebas, computándose sus resultados a expensas de lo que finalmente decida el tribunal.
Eso no significa que COSITAL haya ganado el pleito.
Significa algo más limitado pero bastante importante para los afectados: mientras se discute el fondo, el paso del tiempo no debía impedirles continuar provisionalmente en el proceso.
A quién afecta
Directamente, a quienes fueron excluidos por ese requisito y a las personas cuya posición pueda verse afectada por el resultado final.
Indirectamente, también interesa al resto del colectivo de habilitados nacionales que quiera promocionar de categoría, porque el litigio gira alrededor de cómo se aplica un requisito de antigüedad que forma parte de las bases de acceso.
El BOE no explica todavía qué argumentos jurídicos utiliza COSITAL para pedir la anulación o modificación de la lista.
Y tampoco existe una resolución definitiva sobre el fondo.
La letra pequeña
El emplazamiento publicado ahora da nueve días a los interesados para comparecer en el procedimiento si consideran que deben defender su posición.
La orden recurrida sigue siendo la que aprobó la lista definitiva de admitidos y excluidos.
Por tanto, conviene separar dos cosas: existe un litigio pendiente y ha habido una medida provisional favorable a determinados excluidos, pero eso no equivale todavía a declarar incorrecto el requisito de los dos años.
La última palabra sigue siendo judicial.
Por qué merece contarse
Porque esta vez el pleito no nace alrededor de una incidencia aislada.
20 de las 21 exclusiones definitivas comparten el mismo requisito de antigüedad, en una convocatoria de 246 plazas, y el conflicto ya ha tenido consecuencias prácticas al permitir provisionalmente que los afectados siguieran adelante.
En empleo público hay recursos que son simplemente un expediente más.
Y hay otros donde una misma línea de las bases acaba decidiendo quién puede seguir compitiendo mientras un tribunal decide si estaba bien aplicada.
Puedes consultar la fuente oficial aquí:
Boletín Oficial del Estado (BOE)
“Sí, esto está en el BOE de verdad.”