La Administración la dejó fuera por un problema con la titulación.
El tribunal le dio la razón.
Y ahora Función Pública tiene que rehacer el nombramiento, destino incluido, con efectos administrativos y económicos desde octubre de 2025.
Qué ha pasado
La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado una resolución en ejecución de sentencia.
El caso viene de una aspirante que participó en el proceso selectivo para entrar en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y fue excluida definitivamente por un problema con la titulación.
La Administración entendió que no cumplía el requisito exigido en la convocatoria.
Ella recurrió. Y el Tribunal Central de Instancia le dio la razón en febrero de 2026.
Resultado: se anula su exclusión y se ordena que sea tratada como válida dentro del proceso.
La clave está en la homologación
El punto gordo del asunto no era una tontería de papeleo.
La sentencia reconoce como válida la credencial de homologación que había aportado la aspirante.
Traducido al idioma humano: el problema no era que no hubiera pasado el proceso, sino que la Administración no aceptó en su momento la documentación que presentó para acreditar la titulación.
Cuando un tribunal corrige eso, ya no estamos ante una simple revisión interna.
Estamos ante una rectificación con efectos reales: hay que deshacer la exclusión, rehacer el nombramiento y colocar a la persona donde le habría tocado si no la hubieran dejado fuera.
Qué cambia ahora
La resolución modifica el anexo del nombramiento publicado en octubre de 2025.
Función Pública incluye a la aspirante como funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, con el número de orden 3805.
Además, le asigna destino en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dentro de la Dirección General de Gestión Migratoria, en Madrid.
El puesto concreto es de Jefe/Jefa de Negociado, nivel 16, con un complemento específico de 3.899 euros.
No es un simple “vale, entra”.
Es un “entra, pero como si hubieras entrado cuando tocaba”.
Los efectos retroactivos no son decorado
La parte más jugosa para quien sigue oposiciones es la retroactividad.
Función Pública retrotrae los efectos administrativos y económicos al 15 de octubre de 2025, fecha de publicación del nombramiento original.
También retrotrae la fecha de toma de posesión al 16 de octubre de 2025, que fue el primer día hábil para incorporarse.
Eso significa que la corrección no se queda en un gesto simbólico.
Afecta a antigüedad, situación administrativa y dinero.
Cuando una sentencia obliga a rehacer un nombramiento, la Administración no solo corrige el papel.
También tiene que cuadrar lo que pasó desde entonces.
La lectura de fondo
Este caso deja una idea bastante clara: en una oposición, una exclusión por titulación no siempre es el final del camino.
Si la documentación está bien defendida y un tribunal ve que la Administración se ha pasado de frenada, el expediente puede dar la vuelta completa.
Y cuando da la vuelta, no suele venir solo.
Viene con plaza, destino y efectos económicos hacia atrás.
La burocracia, cuando pierde en los juzgados, también tiene que deshacer el nudo con fecha y hora.
Puedes consultar la fuente oficial aquí:
Boletín Oficial del Estado (BOE)
“Sí, esto está en el BOE de verdad.”