El Gobierno ha aprobado un paquete de aproximadamente 50,58 millones de euros en subvenciones directas para entidades sociales, organizaciones de discapacidad, administraciones territoriales y otros programas públicos.
La mayor partida corresponde a Canarias, con 30 millones para combatir la pobreza y reforzar los servicios sociales. Cruz Roja recibirá hasta 1,32 millones; Cáritas, 792.640 euros; y CERMI, 426.000 euros repartidos entre dos líneas.
Qué ha aprobado el Gobierno
El Real Decreto 642/2026 regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Las ayudas no se distribuyen mediante una convocatoria competitiva abierta.
El Gobierno justifica este procedimiento por la implantación, experiencia y capacidad operativa de las entidades seleccionadas, así como por la necesidad de mantener programas considerados esenciales.
Las cantidades aparecen individualizadas, pero las organizaciones todavía deberán solicitar formalmente la ayuda y acreditar que cumplen los requisitos.
Canarias concentra la mayor partida
La Comunidad Autónoma de Canarias recibirá 30 millones de euros para financiar un programa de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales.
Ceuta recibirá otros dos millones y Melilla, otros dos millones para sus respectivos programas sociales.
Entre las tres administraciones territoriales concentran 34 de los 50,58 millones del paquete.
Por tanto, no se trata únicamente de subvenciones a ONG. La mayor parte del dinero irá a servicios sociales gestionados por administraciones públicas.
Cuánto reciben Cruz Roja y Cáritas
Cruz Roja Española podrá recibir 1.323.680 euros.
Cáritas Española contará con 792.640 euros.
Ambas ayudas están destinadas al sostenimiento económico y financiero de sus estructuras centrales.
También aparecen:
• Plataforma de ONG de Acción Social: 637.860 euros.
• EAPN-ES y entidades asociadas: 420.650 euros para estructura y otros 250.000 para pobreza infantil.
• Plataforma del Voluntariado: 427.260 euros.
• Fundación Secretariado Gitano: 211.430 euros.
• Federación Española de Bancos de Alimentos: 85.000 euros.
• Acción contra el Hambre: 70.000 euros.
La financiación no se dirige necesariamente a repartir ayudas directas entre usuarios. Una parte importante cubrirá personal, sedes, suministros y funcionamiento de las organizaciones.
El reparto entre entidades de discapacidad
Las organizaciones de discapacidad reciben varias de las partidas más relevantes.
COCEMFE y sus entidades asociadas contarán con 1.673.000 euros para sostener sus estructuras y prestar servicios.
La Confederación Estatal de Personas Sordas recibirá 925.000 euros para garantizar los derechos de información y comunicación y otros 255.000 euros para su estructura central.
Plena Inclusión aparece con 501.000 euros para su organización y entidades asociadas, además de 470.000 euros para el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva.
Autismo España recibirá 320.000 euros para su estructura y otros 500.000 euros para el Centro Español sobre Trastornos del Espectro del Autismo.
Cuánto recibe el CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad aparece en dos líneas.
La primera concede 326.000 euros al CERMI y a la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad.
El dinero financiará sus estructuras y las funciones del CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La segunda partida aporta 100.000 euros para el Observatorio Estatal de la Discapacidad y el congreso por el vigésimo aniversario de la Convención.
En total, las dos líneas vinculadas al CERMI suman 426.000 euros.
No todo son estructuras internas
Aunque muchas ayudas financian sedes y funcionamiento, el decreto incluye también proyectos concretos.
Entre ellos aparecen:
• Programas contra la pobreza infantil.
• Servicios de accesibilidad y subtitulado.
• Protección de mujeres y niñas con discapacidad.
• Apoyo al deporte paralímpico.
• Ayuda a personas vulnerables con animales de compañía.
• Prevención de riesgos en el juego online.
• Alimentación saludable en comedores escolares.
• Programas de parentalidad positiva.
• Fortalecimiento de la Agenda 2030 en entidades locales.
La FEMP, por ejemplo, recibe varias subvenciones para parentalidad, protección animal, formación y Agenda 2030.
Qué gastos podrán pagarse
Las subvenciones podrán cubrir gastos como:
• Salarios y cotizaciones del personal.
• Alquileres y suministros.
• Mantenimiento informático y limpieza.
• Reparaciones menores y accesibilidad.
• Jornadas, formación y campañas.
• Informes, estudios y publicaciones.
• Servicios técnicos y profesionales.
Las entidades tendrán que justificar que cada gasto está relacionado con el programa o con el funcionamiento subvencionado.
Los informes de auditoría también podrán financiarse, con un límite del 4% de la ayuda.
Las ayudas todavía deben solicitarse
Las entidades incluidas no cobrarán automáticamente por aparecer en el real decreto.
Deberán presentar su solicitud electrónica antes del 15 de septiembre de 2026, acompañada de una memoria de gastos y la documentación exigida.
Canarias, Ceuta y Melilla recibirán el dinero mediante convenios que deberán concretar las actividades y conceptos financiados.
El plazo general máximo para resolver será de tres meses desde la entrada en vigor del decreto.
La lectura de fondo
El Gobierno destina más de 50 millones de euros a sostener una parte importante de la red social y asociativa española.
La mayor cantidad no va a una ONG concreta, sino a Canarias, Ceuta y Melilla para programas de pobreza y servicios sociales.
El resto se reparte entre organizaciones con nombres conocidos y otras mucho más especializadas.
La concesión directa permite evitar una competición abierta, pero también obliga a mirar con atención las cantidades, los gastos permitidos y la justificación posterior.
Son ayudas sociales. También son 50,58 millones de dinero público con destinatarios concretos y sin concurrencia competitiva.
Puedes consultar la fuente oficial aquí:
Boletín Oficial del Estado (BOE)
“Sí, esto está en el BOE de verdad.”