El programa para repartir dispositivos digitales en los colegios con fondos europeos deja deberes pendientes para las comunidades autónomas.
La Comisión Mixta del Congreso y el Senado, a partir de un informe del Tribunal de Cuentas, reclama inventarios actualizados, criterios claros para seleccionar al alumnado vulnerable, sistemas de préstamo y mejor trazabilidad del dinero.
Porque digitalizar un colegio no es dejar ordenadores en la puerta: es saber quién los necesita, quién los usa y dónde acaba cada euro.
Qué ha pasado ahora
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha asumido una serie de recomendaciones sobre el programa de digitalización educativa financiado con fondos del Plan de Recuperación.
El foco está en EcoDigEdu, una actuación destinada, entre otras cosas, a proporcionar dispositivos portátiles al alumnado con menos recursos y reducir la brecha digital.
El informe detecta problemas en la planificación, el reparto, la coordinación y la justificación de algunas actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas.
No se cuestiona que los colegios necesiten tecnología. Se cuestiona si se compró y distribuyó con información suficiente.
Inventarios antiguos y necesidades mal medidas
Uno de los principales problemas señalados es el uso de inventarios tecnológicos desactualizados.
Si una Administración no sabe con precisión cuántos dispositivos tiene cada centro, en qué estado están o cuántos alumnos carecen de medios, resulta difícil repartir bien el dinero.
El informe también apunta a criterios poco homogéneos entre territorios y a una consulta insuficiente a los centros educativos y al alumnado afectado.
Dicho de forma sencilla: se compraron dispositivos, pero no siempre quedó suficientemente documentado por qué se enviaban a un centro, cuántos hacían falta o quién debía utilizarlos.
Más control sobre el alumnado vulnerable
Las recomendaciones piden que las comunidades establezcan criterios claros para identificar y priorizar al alumnado en situación de vulnerabilidad digital.
No debería depender de decisiones improvisadas o de reglas distintas en cada centro sin una base común.
También se reclama que los colegios cuenten con sistemas de préstamo organizados, normas de uso y mecanismos de seguimiento.
La finalidad no es solo entregar un portátil o una tableta. Es asegurar que el dispositivo llega a quien lo necesita y sigue disponible para cumplir su función educativa.
Los dispositivos no pueden desaparecer en un inventario
El Tribunal de Cuentas insiste en la necesidad de mejorar la trazabilidad.
Eso implica poder seguir el recorrido del dinero y de los equipos: qué se compró, cuánto costó, qué centro lo recibió, qué alumno lo utilizó, bajo qué sistema de préstamo y qué ocurrió con el dispositivo después.
La trazabilidad no es una manía administrativa cuando se gestionan fondos europeos.
Es la forma de demostrar que el gasto cumplió su objetivo y que los equipos no acabaron almacenados, infrautilizados o repartidos sin criterios verificables.
Más coordinación entre consejerías y centros
El informe también reclama que la coordinación entre departamentos quede documentada.
En programas de este tamaño pueden intervenir áreas de Educación, Hacienda, contratación, tecnología, fondos europeos y protección de datos.
Si las decisiones se toman mediante correos dispersos, instrucciones informales o criterios que no quedan registrados, después resulta difícil explicar por qué se actuó de una determinada manera.
La recomendación es sencilla: decisiones claras, responsables identificados y documentación accesible.
Firmas, declaraciones y conflictos de interés
Otra parte de las recomendaciones afecta a las declaraciones exigidas por el Plan de Recuperación.
Estos documentos deben firmarse en el momento adecuado y preferentemente por medios electrónicos, especialmente los relacionados con conflictos de interés, ausencia de doble financiación y cumplimiento de las condiciones europeas.
También se pide que las administraciones publiquen directrices más completas sobre posibles conflictos de interés vinculados a licencias, servicios de gestión remota y compatibilidad tecnológica.
No todo el riesgo está en comprar un dispositivo demasiado caro. También puede estar en contratar software cerrado, servicios dependientes de un proveedor o herramientas incompatibles con los sistemas del centro.
Qué pasa con los remanentes
El informe reclama mayor control sobre los remanentes generados en licitaciones.
Cuando una contratación cuesta menos de lo previsto, la Administración debe dejar claro qué ocurre con el dinero sobrante y cómo se utiliza.
También debe documentar las nuevas contrataciones realizadas con esos fondos.
El objetivo es evitar que el ahorro de una licitación termine convertido en una bolsa de dinero con seguimiento flojo.
A quién le afecta de verdad
Las recomendaciones afectan principalmente a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Educación.
Pero también alcanzan a centros escolares, equipos directivos, responsables de contratación, coordinadores digitales, empresas tecnológicas, consultoras de fondos europeos y personal encargado de inventarios y préstamos.
Para centros y administraciones, el siguiente problema no será comprar dispositivos. Será demostrar quién los recibió, cómo se eligió al alumnado y qué uso tuvieron.
Qué significa para las familias
Las familias no tienen que presentar ahora una nueva solicitud por esta resolución.
El impacto es indirecto.
Si las recomendaciones se aplican bien, los centros deberían contar con mejores criterios para detectar necesidades, prestar dispositivos y evitar que el acceso dependa de decisiones poco claras.
También debería mejorar el seguimiento de los equipos, especialmente cuando se destinan a alumnado con menos recursos.
El objetivo final sigue siendo reducir la brecha digital, pero con más control sobre cómo se hace.
El problema de fondo
Los fondos europeos permitieron comprar una gran cantidad de tecnología en poco tiempo.
La velocidad ayudó a desplegar dispositivos, pero también aumentó el riesgo de trabajar con datos incompletos, decisiones poco documentadas y sistemas diferentes en cada territorio.
Ahora llega la fase menos vistosa: revisar si el dinero se repartió con lógica y si los dispositivos se utilizan realmente.
La digitalización educativa no termina cuando llega la caja al colegio.
Empieza cuando el centro sabe a quién prestarla, cómo mantenerla y qué hacer para que no acabe criando polvo en un almacén.
La lectura final
El Tribunal de Cuentas no pide frenar la digitalización de los colegios.
Pide hacerla con mejores inventarios, criterios verificables, coordinación y seguimiento.
Eso significa más trabajo administrativo, sí, pero también más garantías sobre fondos europeos destinados a reducir una desigualdad real.
El BOE publica ahora las recomendaciones.
La prueba importante llegará después: comprobar si las comunidades corrigen los fallos y si los dispositivos terminan en manos de quienes realmente los necesitan.
Puedes consultar la fuente oficial aquí:
Boletín Oficial del Estado (BOE)
“Sí, esto está en el BOE de verdad.”